2. Avisos de técnicos y periodistas (los “alarmistas”)
1959. Informe del geólogo austriaco Leopold Müller, que concluye que no hay que llenar el embalse por que existe riesgo de deslizamiento en la ladera izquierda.
Recordemos que en Yesa el Prof. Pedro Montserrat (investigador del CSIC), el Dr. Antonio Casas (Universidad de Zaragoza), el ingeniero René Petit (que construyó la actual presa de Yesa) y hasta el Colegio Oficial de Geólogos, admiten que existe un grave riesgo de activación del deslizamiento. La Confederación Hidrográfica del Ebro y el Ministerio de Medio Ambiente siguen diciendo que no hay peligro.
1959. La periodista Tina Merlin publica un artículo sobre los riesgos del pantano de Vajont. Es acusada de alarmista y es denunciada ante los juzgados.
1961. Tina Merlin publica el siguiente artículo. “Un deslizamiento de 50 millones de metros cúbicos amenaza la vida y los bienes de los habitantes de Erto”.
UNA TRÁGICA JORNADA
El 9 de octubre de 1963, el Monte Toc se mueve definitivamente. Más de 260 millones de metros cúbicos caen sobre la lámina de agua provocando una ola de 200 metros de altura. Aguas arriba de la presa, una ola de 50 millones de metros cúbicos arrasa los pueblos de Spesse, S. Martino, Patata y El Cristo (municipio de Erto e Casso) y ocasiona150 muertos.
La otra mitad de la ola, con unos 25 millones de metros cúbicos, sobrepasa la pared de la presa y borra de la faz de la Tierra cinco pueblos, Longarone, Rivalta, Villanova, Faèy Pirago, con un balance total de 2000 muertos y decenas de heridos (160 aprox.). En Longarone sólo queda en pie el ayuntamiento (palacio Mazzolà) y 14 casas.
Un frente de ola de 12 metros de alto llegó hasta la mar recorriendo 40 km agua abajo de la presa, arrastrando varios cuerpos hasta la laguna de Venecia. También aparecieron cuerpos sobre los árboles, en el curso del río Piave hasta cerca de la ciudad de Belluno (16 km aguas abajo de Longarone, 8 km agua abajo de Ponte nelle Alpi).
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ESQUEMA DEL DESASTRE DE VAJONT
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VÍDEOS SOBRE LA CATÁSTROFE DE VAJONT
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sábado, 24 de noviembre de 2012
El desastre de Vajont, un peligroso antecedente
jueves, 15 de noviembre de 2012
TERREMOTO DE LORCA (MURCIA)
El principal terremoto tuvo una escala de 5,1 grados en la escala de magnitud de momento y ocurrió en tierra el 11 de Mayo de 2011 a las 18:47 hora local, a 6 kilómetros al suroeste de Lorca. El hipocentro del terremoto fue extremadamente superficial, a unos 2000 metros de profundidad. El seísmo se dejó sentir en todo el suroeste peninsular, especialmente en la región de Murcia. En la zona se localiza el límite de placas entre la placa euroasiática y la placa africana.
Sin embargo, la mayor parte de los temblores en la región no exceden las magnitudes perceptibles por lo que, generalmente, no son sentidos.
Se ha estimado que el terremoto fue resultado directo de una falla de desgarre cercana a otra falla mayor, la de Alahama de Murcia. Esta falla es una linea muy superficial que se extiende de 40 a 50 kilómetros.
En la imagen de abajo: Las dos fallas que se dirigen hacia el pueblo constituyen el dúplex de desgarre que forma un bloque de rocas de basamento metamórficas levantadas por un régimen transpresivo y rodeadas por rocas. Se han marcado como referencia varios puntos singulares de la ciudad.
Los especialistas locales tambien informaron de la presencia de superficies de ruptura en las cercanías de la falla. Las estimaciones iniciales de los servicios geológicos de los Estados Unidos indicaron una magnitud de 5,3 grados en la escala de magnitud de momento, mientras que el centro sismológico Euromediterráneo estimo 5,2 grados en la escala de magnitud local o de Ritcher.
El terremoto ha sido especialmente grave debido a la convinación de poca profundidad y una magnitud moderada.
En Lorca, movimientos de tierra grandes, han registrado una intensidad de VII en la escala de Mercalli, mientras que en otras zonas cercanas se han detectado movimientos de V en la misma escala. En total el evento a desarrollado la misma potencia que una explosión de 200 toneladas de TNT.
DAÑOS MATERIALES:
Se han visto afectados los edificios públicos, las viviendas y el patrimonio histórico. Las zonas más afectadas han sigo el barrio de La Viña y el casco histórico, donde muchas casas solariagas conservan solo su fachada. También se han visto muy afectados los comercios.
Se calcula que el 80% de las viviendas, 1164 fueron demolidas, además de 45 naves y un número indeterminado de otras construcciones.
DAÑOS PERSONALES:
El terremoto dejó 9 víctimas mortales, entre ellas 2 mujeres embarazadas y un niño de 14 años, y unos 324 heridos.
epicentro de los terremotos 
áreas con edificios dañados 
personas fallecidasjueves, 8 de noviembre de 2012
El delicado papel de la ciencia en las catástrofes
El miedo ha salvado muchas vidas. Sin el miedo, no estaríamos aquí. Es
nuestro principal mecanismo de defensa. Los habitantes de Nueva York han tenido
miedo del huracán
Sandy y se han protegido. Las medidas adoptadas han permitido reducir los
daños y evitar que la gran tormenta convirtiera la ciudad en un mar de muerte,
como ocurrió en Nueva Orleans tras el paso del Katrina. Los habitantes de
L'Aquila, Italia, sentían un miedo crónico a que la tierra volviera a crujir.
Situada sobre una falla activa, la ciudad estaba acostumbrada a temer las
sacudidas del subsuelo. Cuando percibían los primeros rugidos, se iban a la
plaza, y, si era necesario, pasaban la noche al raso. Pero la
noche del 6 de abril de 2009, la gente se quedó tranquila en casa. Siete
días antes, a petición del Gobierno, la Comisión de Grandes Riesgos se había
reunido en la ciudad. “Pueden dormir tranquilos”, había dicho.
Esa noche, sin embargo, la tierra tembló con tanta fuerza que 309 personas perdieron la vida y otras 1.500 resultaron heridas. Ahora, los siete miembros de esa comisión han sido inhabilitados y condenados a seis años de cárcel por cooperación en un delito por imprudencia. Aunque no se ha hecho pública todavía la sentencia, la comunicación del fallo ha sacudido, como un terremoto, a la comunidad científica: ¿hasta qué punto pueden prevenirse las catástrofes naturales? ¿Qué responsabilidad tienen los científicos en este tipo de alertas?
“Ante los fenómenos naturales, el papel del científico es aportar el conocimiento disponible en cada momento para determinar las probabilidades de que ocurra y los riesgos que puedan derivarse”, precisa Emilio Lora-Tamayo, presidente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), cuyos investigadores son llamados con frecuencia a participar en comisiones de evaluación de riesgos. “El problema es que, en el caso de los terremotos, no deja de ser un conocimiento basado en datos estadísticos. Lo que manejan son probabilidades y lo difícil es interpretarlas. Pero quien tiene la responsabilidad última sobre las decisiones que se toman son los gestores políticos”, señala.
Esta es también la conclusión a la que llegan el resto de fuentes consultadas, algunas de las cuales no pueden aparecer identificadas pues, siendo responsables de organismos públicos relacionados con tareas de protección civil y evaluación de riesgos, han recibido, para su sorpresa, órdenes del ministerio del que dependen de no hacer declaraciones. Pero hay algo en lo que todos insisten: en las catástrofes naturales no se puede hacer un vaticinio exacto. Lo cual no significa que no haya elementos que permitan evaluar la probabilidad de que ocurran. En una carta dirigida a sus colegas italianos, el profesor José Ignacio Badal Nicolás, de la Universidad de Zaragoza, presidente de la sección de Sismología y Física del Interior de la Tierra de la Comisión Nacional de Geodesia y Geofísica y miembro de la Comisión Sismológica Europea, es taxativo: “No se puede condenar [a un científico] por algo que está fuera de su control”.
“En este tipo de fenómenos, la predicción está muy lejos de ser una herramienta infalible. Se pueden hacer simulaciones y evaluar el riesgo de que ocurra un terremoto, pero en modo alguno el momento ni la intensidad de la sacudida”, explica a este diario. Se evalúa por un lado la peligrosidad sísmica, es decir, la probabilidad que una zona tiene de sufrir una sacudida, y por otro, el riesgo sísmico, es decir, la vulnerabilidad en caso de que ocurra, tanto en costes humanos como económicos. “Una zona de desierto situada sobre una falla tendría alta peligrosidad pero bajo riesgo, porque no hay edificaciones”, precisa.
Según esta definición, L'Aquila era una zona de alta peligrosidad y alto riesgo. Tenía una larga historia de terremotos y su arquitectura era muy vulnerable, como se demostró, pues 20.000 edificios se vinieron abajo o quedaron seriamente dañados.
¿Actuaron los científicos de acuerdo con este riesgo? Para el profesor Luis González de Vallejo, catedrático de Ingeniería Geológica de la Universidad Complutense de Madrid, “cuando se trata de sucesos aleatorios, los científicos trabajan con cálculo de probabilidades. Una vez evaluado el riesgo, es a la autoridad a quien corresponde tomar las decisiones. Eso no quiere decir que el científico no tenga responsabilidad, si parte de supuestos erróneos o no realiza su trabajo con el rigor requerido”. Sentados estos principios, González de Vallejo apunta a un elemento clave en este caso: “En la evaluación del riesgo hay que distinguir entre funciones técnicas y funciones de gestión política, y ambas han de estar claramente delimitadas”, sostiene. En el caso de la Comisión de Grandes Riesgos italiana, esta distinción no estaba definida. Muchos de sus miembros eran científicos, pero tenían responsabilidades orgánicas y el hecho de pertenecer a la comisión implicaba asumir sus decisiones.
El juez no les ha condenado por no haber sido capaces de predecir el terremoto, que es imposible, sino por hacer “un análisis de riesgos defectuoso, inadecuado y engañoso”. Existe una conversación grabada en la que el responsable de Protección Civil, Guido Bertolaso, explica a su subordinada en los Abruzos que, dada la alarma que cunde por la sucesión de terremotos, las autoridades gubernativas han decidido reunir a la comisión en L'Aquila “solo a efectos mediáticos” para tranquilizar a la población.
Es de suponer que sus miembros habían realizado evaluaciones científicas, pero lo cierto es que llegaron a L'Aquila, se reunieron durante 45 minutos y, sin emitir ningún informe técnico, su presidente declaró a la prensa que no había riesgo alguno.
La comisión había sido convocada precisamente para salir al paso de las predicciones de un científico, Giacchino Giuliani, que insistía en la inminencia de un fuerte terremoto. Giuliani no era un científico cualquiera. Era sismólogo del Instituto Nacional de Astrofísica y basaba su predicción en las concentraciones de gas radón que había detectado. La tierra venía temblando desde mediados de enero y el 30 de marzo se había producido un temblor mayor, lo que parecía confirmar las tesis de Giuliani. Cuando los periodistas preguntaron por el significado de esos temblores previos, el presidente de la Comisión de Grandes Riesgos dijo que eso “era bueno” porque significaba que la tierra liberaba la energía acumulada, y, por tanto, las probabilidades de un gran terremoto disminuían.
No era una explicación descabellada, pero lamentablemente resultó errónea. El profesor Badal aclara este punto: “Si en una zona de riesgo sísmico se producen terremotos frecuentes de pequeña magnitud, que liberan pequeñas cantidades de energía, puede ser bueno, porque significa que no se acumula. Y al revés, si hay una zona sísmica que es activa, pero no libera energía, podemos temer que se esté acumulando y por tanto, que un día puede liberarse de golpe. Lo que no se puede saber es cuánta energía hay acumulada y cuándo se liberará”.
En todo caso, el científico ha de hacer una evaluación rigurosa de acuerdo con los datos de que dispone, y decir la verdad. El sentido de la responsabilidad excluye cualquier frivolidad en asuntos tan graves. La gestión de la crisis por parte de la Comisión de Grandes Riesgo dejó mucho que desear. “Tomaron una decisión de la que no podían ignorar que, si se equivocaban, suponía un riesgo tremendo. De la misma manera que no podía predecir el terremoto, era altamente arriesgado decirle a la gente que podían dormir tranquilos”, afirma González de Vallejo. “Los miembros estaban en la comisión en calidad de expertos tenían que haber expuesto claramente los datos científicos. Y, desde luego, no podían asegurar que no iba a pasar nada”.
Esa es la razón por la que ahora mucha gente en Italia, además de las familias de las víctimas, aplaude la sentencia. A la memoria de todos ha vuelto el desastre de la presa de Vajont. Un enorme deslizamiento en el Monte Toc provocó en 1963 una enorme avalancha de 70 metros de altura de agua, piedras y barro que destruyó Langarone y otros pueblos del valle. Ya en 1960, cuando se construía la presa, se habían observado signos de deslizamiento y diversos expertos habían alertado del peligro. Pero los intereses económicos pudieron más que la prudencia y en la tercera prueba de llenado, el monte cedió y engulló a 2.018 personas. “Por la sed y la codicia del oro, nos encontramos sin sepultura”, recuerda aún una lápida. El juicio se cerró con penas menores. El péndulo de la justicia se ha ido, en el caso de L'Aquila, al otro extremo, con penas de seis años de cárcel por imprudencia tanto para los científicos como para los gestores.
Nunca es fácil decidir en condiciones de incertidumbre. El acierto no está asegurado y las consecuencias pueden ser graves, tanto si se peca por exceso como por defecto. El terremoto de Tangshan, en China, es el paradigma de este angustioso dilema. Ocurrió el 28 de julio de 1976 y afectó a una ciudad obrera de más de un millón de habitantes. China posee una red de vigilancia sísmica ejemplar, con una historia de más de 3.000 años de registros. Un año antes habían aparecido signos alarmantes de actividad sísmica y las autoridades habían decidido evacuar a la población. El terremoto se produjo y alcanzó 7 grados en la escala de Richter. No hubo muertes. Al cabo de un año, las señales premonitorias reaparecieron y se produjo una intensa discusión entre los científicos. Acabó predominando el criterio de los que pensaban que no podía producirse un terremoto mayor que el del año anterior, que ya se había liberado una gran cantidad de energía. Se decidió no evacuar. Uno de los científicos derrotados estaba en casa cuando observó que los peces saltaban de la pecera. Cogió a su nieto y corrió al parque más cercano. El terremoto alcanzó una magnitud de 7,8 grados en la escala de Richter. El científico y su nieto se salvaron, pero hubo 242.769 muertos y 700.000 heridos.
La ciencia no es capaz de predecir con certeza si va a haber un terremoto o no. Pero hay signos y por eso se monitoriza todo lo que ocurre. Las zonas activas están perfectamente identificadas. En España, el mapa sísmico se publica en el BOE y la información es pública y fácilmente accesible. En el mapa geológico español puede observarse por ejemplo que en la zona de Torreperojil, en Jaén, se han registrado en los últimos meses más de cien terremotos de baja intensidad. El viernes, el mapa señalaba un terremoto en Sorriguera, cerca de Llavorsí (Lleida), de 1,6 grados de magnitud. Cuando se produce una serie de terremotos de magnitud inferior a tres, si no hay fallas en la zona ni registros históricos de terremotos graves, el consenso científico indica que no hay por qué esperar que ocurra lo peor, aunque no se puede descartar totalmente.
El problema es que a veces los riesgos se conocen, pero quien tiene que reaccionar no lo hace adecuadamente. Y, a veces, las advertencias de los expertos chocan con intereses económicos o políticos, y entonces la decisión corre un grave riesgo de no ser la más adecuada, como pudo ocurrir en en el caso de L'Aquila. Ahora, esos errores se vuelven contra quienes participaron en las predicciones.
La sentencia que condena a los miembros de la Comisión de Grandes Riesgos es cuestionada también desde el punto de vista de la doctrina jurídica. Algunos penalistas han visto en ella una vuelta a la teoría, ya superada, de que “la causa de la causa es la causa del mal causado”. A diferencia de lo que ocurre en Derecho Civil, que reconoce el daño objetivo, el Derecho Penal exige una relación directa de causalidad para poder imputar un delito por imprudencia. Sin causalidad no se puede imputar un resultado, explica José Manuel Paredes Castañón, catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Oviedo. A la espera de conocer los detalles de la sentencia, ha analizado los 500 folios del escrito de la fiscalía, y esta es su impresión: “En Italia existe la figura penal de cooperación en un delito culposo que no existe en nuestro Código Penal. Nuestro ordenamiento no admite el delito de cooperación en la imprudencia de otro. Solo los autores de la imprudencia responden penalmente. Hecha esta primera aclaración, el problema de la sentencia es cómo se puede cooperar en un delito de homicidio imprudente si no hay homicida. Quien mató a la gente es el terremoto. La fiscalía sostiene que la información que dio la Comisión era vaga, contradictoria, y que eso fue decisivo para que la población se confiara. Se puede decir que sus miembros no hicieron bien su trabajo, pero de ahí a poder imputarles las muertes que se produjeron hay un largo trecho. Eso es algo difícil de encajar en el Derecho Penal. La única forma de imputar responsabilidad por imprudencia es conectarla con el resultado final. Eso supone presumir que, de haber actuado de otro modo la comisión, la gente se hubiera comportado de otra manera y se hubiera salvado. Aunque es posible que hubiera sido así, nunca tendremos la certeza”.
La sentencia de l'Aquila puede sentar, según Emilio Lora-Tamayo, un precedente muy negativo. “Hasta ahora, cualquier científico estaba muy bien dispuesto a poner su conocimiento al servicio de la sociedad. Muchos hemos defendido la necesidad de que el investigador salga de su torre de marfil y se implique en los problemas de la sociedad, aportando su conocimiento. La sentencia puede disuadir a muchos científicos de participar en comisiones de evaluación de riesgos. Ellos están ahí en tanto que expertos. En general, dan su opinión de la forma más rigurosa posible. Pero si hay una comisión de expertos que no trabaja con el rigor exigible, es también responsabilidad de la autoridad política asegurar que ese instrumento de consulta tenga la calidad necesaria”.
“Es lamentable”, concluye González de Vallejo, “que se tenga que llegar a los tribunales para dirimir y delimitar este tipo de responsabilidades, y que de cara a la opinión pública, el rigor y la veracidad de los científicos quede confundida o cuestionada”. De este triste episodio, los científicos habrán extraído una lección muy importante: la necesidad de delimitar con precisión las funciones técnicas de las políticas. Por eso, en su carta de solidaridad a sus colegias italianos como miembro de la Comisión Sismológica Europea y presidente de la sección de Sismología y Física del Interior de la Tierra, el profesor José Ignacio Badal señala urgente necesidad de “desarrollar un nuevo y más transparente protocolo para la gestión de las crisis, accesible a todos los ciudadanos” que “distinga claramente el rol de los científicos y el de quienes tienen la responsabilidad política”.
Esa noche, sin embargo, la tierra tembló con tanta fuerza que 309 personas perdieron la vida y otras 1.500 resultaron heridas. Ahora, los siete miembros de esa comisión han sido inhabilitados y condenados a seis años de cárcel por cooperación en un delito por imprudencia. Aunque no se ha hecho pública todavía la sentencia, la comunicación del fallo ha sacudido, como un terremoto, a la comunidad científica: ¿hasta qué punto pueden prevenirse las catástrofes naturales? ¿Qué responsabilidad tienen los científicos en este tipo de alertas?
“Ante los fenómenos naturales, el papel del científico es aportar el conocimiento disponible en cada momento para determinar las probabilidades de que ocurra y los riesgos que puedan derivarse”, precisa Emilio Lora-Tamayo, presidente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), cuyos investigadores son llamados con frecuencia a participar en comisiones de evaluación de riesgos. “El problema es que, en el caso de los terremotos, no deja de ser un conocimiento basado en datos estadísticos. Lo que manejan son probabilidades y lo difícil es interpretarlas. Pero quien tiene la responsabilidad última sobre las decisiones que se toman son los gestores políticos”, señala.
Esta es también la conclusión a la que llegan el resto de fuentes consultadas, algunas de las cuales no pueden aparecer identificadas pues, siendo responsables de organismos públicos relacionados con tareas de protección civil y evaluación de riesgos, han recibido, para su sorpresa, órdenes del ministerio del que dependen de no hacer declaraciones. Pero hay algo en lo que todos insisten: en las catástrofes naturales no se puede hacer un vaticinio exacto. Lo cual no significa que no haya elementos que permitan evaluar la probabilidad de que ocurran. En una carta dirigida a sus colegas italianos, el profesor José Ignacio Badal Nicolás, de la Universidad de Zaragoza, presidente de la sección de Sismología y Física del Interior de la Tierra de la Comisión Nacional de Geodesia y Geofísica y miembro de la Comisión Sismológica Europea, es taxativo: “No se puede condenar [a un científico] por algo que está fuera de su control”.
“En este tipo de fenómenos, la predicción está muy lejos de ser una herramienta infalible. Se pueden hacer simulaciones y evaluar el riesgo de que ocurra un terremoto, pero en modo alguno el momento ni la intensidad de la sacudida”, explica a este diario. Se evalúa por un lado la peligrosidad sísmica, es decir, la probabilidad que una zona tiene de sufrir una sacudida, y por otro, el riesgo sísmico, es decir, la vulnerabilidad en caso de que ocurra, tanto en costes humanos como económicos. “Una zona de desierto situada sobre una falla tendría alta peligrosidad pero bajo riesgo, porque no hay edificaciones”, precisa.
Según esta definición, L'Aquila era una zona de alta peligrosidad y alto riesgo. Tenía una larga historia de terremotos y su arquitectura era muy vulnerable, como se demostró, pues 20.000 edificios se vinieron abajo o quedaron seriamente dañados.
¿Actuaron los científicos de acuerdo con este riesgo? Para el profesor Luis González de Vallejo, catedrático de Ingeniería Geológica de la Universidad Complutense de Madrid, “cuando se trata de sucesos aleatorios, los científicos trabajan con cálculo de probabilidades. Una vez evaluado el riesgo, es a la autoridad a quien corresponde tomar las decisiones. Eso no quiere decir que el científico no tenga responsabilidad, si parte de supuestos erróneos o no realiza su trabajo con el rigor requerido”. Sentados estos principios, González de Vallejo apunta a un elemento clave en este caso: “En la evaluación del riesgo hay que distinguir entre funciones técnicas y funciones de gestión política, y ambas han de estar claramente delimitadas”, sostiene. En el caso de la Comisión de Grandes Riesgos italiana, esta distinción no estaba definida. Muchos de sus miembros eran científicos, pero tenían responsabilidades orgánicas y el hecho de pertenecer a la comisión implicaba asumir sus decisiones.
El juez no les ha condenado por no haber sido capaces de predecir el terremoto, que es imposible, sino por hacer “un análisis de riesgos defectuoso, inadecuado y engañoso”. Existe una conversación grabada en la que el responsable de Protección Civil, Guido Bertolaso, explica a su subordinada en los Abruzos que, dada la alarma que cunde por la sucesión de terremotos, las autoridades gubernativas han decidido reunir a la comisión en L'Aquila “solo a efectos mediáticos” para tranquilizar a la población.
Es de suponer que sus miembros habían realizado evaluaciones científicas, pero lo cierto es que llegaron a L'Aquila, se reunieron durante 45 minutos y, sin emitir ningún informe técnico, su presidente declaró a la prensa que no había riesgo alguno.
La comisión había sido convocada precisamente para salir al paso de las predicciones de un científico, Giacchino Giuliani, que insistía en la inminencia de un fuerte terremoto. Giuliani no era un científico cualquiera. Era sismólogo del Instituto Nacional de Astrofísica y basaba su predicción en las concentraciones de gas radón que había detectado. La tierra venía temblando desde mediados de enero y el 30 de marzo se había producido un temblor mayor, lo que parecía confirmar las tesis de Giuliani. Cuando los periodistas preguntaron por el significado de esos temblores previos, el presidente de la Comisión de Grandes Riesgos dijo que eso “era bueno” porque significaba que la tierra liberaba la energía acumulada, y, por tanto, las probabilidades de un gran terremoto disminuían.
No era una explicación descabellada, pero lamentablemente resultó errónea. El profesor Badal aclara este punto: “Si en una zona de riesgo sísmico se producen terremotos frecuentes de pequeña magnitud, que liberan pequeñas cantidades de energía, puede ser bueno, porque significa que no se acumula. Y al revés, si hay una zona sísmica que es activa, pero no libera energía, podemos temer que se esté acumulando y por tanto, que un día puede liberarse de golpe. Lo que no se puede saber es cuánta energía hay acumulada y cuándo se liberará”.
En todo caso, el científico ha de hacer una evaluación rigurosa de acuerdo con los datos de que dispone, y decir la verdad. El sentido de la responsabilidad excluye cualquier frivolidad en asuntos tan graves. La gestión de la crisis por parte de la Comisión de Grandes Riesgo dejó mucho que desear. “Tomaron una decisión de la que no podían ignorar que, si se equivocaban, suponía un riesgo tremendo. De la misma manera que no podía predecir el terremoto, era altamente arriesgado decirle a la gente que podían dormir tranquilos”, afirma González de Vallejo. “Los miembros estaban en la comisión en calidad de expertos tenían que haber expuesto claramente los datos científicos. Y, desde luego, no podían asegurar que no iba a pasar nada”.
Esa es la razón por la que ahora mucha gente en Italia, además de las familias de las víctimas, aplaude la sentencia. A la memoria de todos ha vuelto el desastre de la presa de Vajont. Un enorme deslizamiento en el Monte Toc provocó en 1963 una enorme avalancha de 70 metros de altura de agua, piedras y barro que destruyó Langarone y otros pueblos del valle. Ya en 1960, cuando se construía la presa, se habían observado signos de deslizamiento y diversos expertos habían alertado del peligro. Pero los intereses económicos pudieron más que la prudencia y en la tercera prueba de llenado, el monte cedió y engulló a 2.018 personas. “Por la sed y la codicia del oro, nos encontramos sin sepultura”, recuerda aún una lápida. El juicio se cerró con penas menores. El péndulo de la justicia se ha ido, en el caso de L'Aquila, al otro extremo, con penas de seis años de cárcel por imprudencia tanto para los científicos como para los gestores.
Nunca es fácil decidir en condiciones de incertidumbre. El acierto no está asegurado y las consecuencias pueden ser graves, tanto si se peca por exceso como por defecto. El terremoto de Tangshan, en China, es el paradigma de este angustioso dilema. Ocurrió el 28 de julio de 1976 y afectó a una ciudad obrera de más de un millón de habitantes. China posee una red de vigilancia sísmica ejemplar, con una historia de más de 3.000 años de registros. Un año antes habían aparecido signos alarmantes de actividad sísmica y las autoridades habían decidido evacuar a la población. El terremoto se produjo y alcanzó 7 grados en la escala de Richter. No hubo muertes. Al cabo de un año, las señales premonitorias reaparecieron y se produjo una intensa discusión entre los científicos. Acabó predominando el criterio de los que pensaban que no podía producirse un terremoto mayor que el del año anterior, que ya se había liberado una gran cantidad de energía. Se decidió no evacuar. Uno de los científicos derrotados estaba en casa cuando observó que los peces saltaban de la pecera. Cogió a su nieto y corrió al parque más cercano. El terremoto alcanzó una magnitud de 7,8 grados en la escala de Richter. El científico y su nieto se salvaron, pero hubo 242.769 muertos y 700.000 heridos.
La ciencia no es capaz de predecir con certeza si va a haber un terremoto o no. Pero hay signos y por eso se monitoriza todo lo que ocurre. Las zonas activas están perfectamente identificadas. En España, el mapa sísmico se publica en el BOE y la información es pública y fácilmente accesible. En el mapa geológico español puede observarse por ejemplo que en la zona de Torreperojil, en Jaén, se han registrado en los últimos meses más de cien terremotos de baja intensidad. El viernes, el mapa señalaba un terremoto en Sorriguera, cerca de Llavorsí (Lleida), de 1,6 grados de magnitud. Cuando se produce una serie de terremotos de magnitud inferior a tres, si no hay fallas en la zona ni registros históricos de terremotos graves, el consenso científico indica que no hay por qué esperar que ocurra lo peor, aunque no se puede descartar totalmente.
El problema es que a veces los riesgos se conocen, pero quien tiene que reaccionar no lo hace adecuadamente. Y, a veces, las advertencias de los expertos chocan con intereses económicos o políticos, y entonces la decisión corre un grave riesgo de no ser la más adecuada, como pudo ocurrir en en el caso de L'Aquila. Ahora, esos errores se vuelven contra quienes participaron en las predicciones.
La sentencia que condena a los miembros de la Comisión de Grandes Riesgos es cuestionada también desde el punto de vista de la doctrina jurídica. Algunos penalistas han visto en ella una vuelta a la teoría, ya superada, de que “la causa de la causa es la causa del mal causado”. A diferencia de lo que ocurre en Derecho Civil, que reconoce el daño objetivo, el Derecho Penal exige una relación directa de causalidad para poder imputar un delito por imprudencia. Sin causalidad no se puede imputar un resultado, explica José Manuel Paredes Castañón, catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Oviedo. A la espera de conocer los detalles de la sentencia, ha analizado los 500 folios del escrito de la fiscalía, y esta es su impresión: “En Italia existe la figura penal de cooperación en un delito culposo que no existe en nuestro Código Penal. Nuestro ordenamiento no admite el delito de cooperación en la imprudencia de otro. Solo los autores de la imprudencia responden penalmente. Hecha esta primera aclaración, el problema de la sentencia es cómo se puede cooperar en un delito de homicidio imprudente si no hay homicida. Quien mató a la gente es el terremoto. La fiscalía sostiene que la información que dio la Comisión era vaga, contradictoria, y que eso fue decisivo para que la población se confiara. Se puede decir que sus miembros no hicieron bien su trabajo, pero de ahí a poder imputarles las muertes que se produjeron hay un largo trecho. Eso es algo difícil de encajar en el Derecho Penal. La única forma de imputar responsabilidad por imprudencia es conectarla con el resultado final. Eso supone presumir que, de haber actuado de otro modo la comisión, la gente se hubiera comportado de otra manera y se hubiera salvado. Aunque es posible que hubiera sido así, nunca tendremos la certeza”.
La sentencia de l'Aquila puede sentar, según Emilio Lora-Tamayo, un precedente muy negativo. “Hasta ahora, cualquier científico estaba muy bien dispuesto a poner su conocimiento al servicio de la sociedad. Muchos hemos defendido la necesidad de que el investigador salga de su torre de marfil y se implique en los problemas de la sociedad, aportando su conocimiento. La sentencia puede disuadir a muchos científicos de participar en comisiones de evaluación de riesgos. Ellos están ahí en tanto que expertos. En general, dan su opinión de la forma más rigurosa posible. Pero si hay una comisión de expertos que no trabaja con el rigor exigible, es también responsabilidad de la autoridad política asegurar que ese instrumento de consulta tenga la calidad necesaria”.
“Es lamentable”, concluye González de Vallejo, “que se tenga que llegar a los tribunales para dirimir y delimitar este tipo de responsabilidades, y que de cara a la opinión pública, el rigor y la veracidad de los científicos quede confundida o cuestionada”. De este triste episodio, los científicos habrán extraído una lección muy importante: la necesidad de delimitar con precisión las funciones técnicas de las políticas. Por eso, en su carta de solidaridad a sus colegias italianos como miembro de la Comisión Sismológica Europea y presidente de la sección de Sismología y Física del Interior de la Tierra, el profesor José Ignacio Badal señala urgente necesidad de “desarrollar un nuevo y más transparente protocolo para la gestión de las crisis, accesible a todos los ciudadanos” que “distinga claramente el rol de los científicos y el de quienes tienen la responsabilidad política”.
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